La agenda de la Cámara de Diputados de la Nación incluye la convocatoria formal a una sesión especial para el miércoles próximo desde las 11. No se trata de una sesión más: es la que pidieron legisladores de diferentes bloques opositores y “dialoguistas” para tratar el veto que dispuso el gobierno de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

Al día siguiente de la movilización que tuvo réplicas en todas las provincias, el Boletín Oficial reveló la decisión presidencial que, en realidad, había sido largamente anticipada: el veto.

Ahora fue confirmada la sesión del 9 de octubre, pedida por “Rodrigo de Loredo y otros diputados, por el diputado Miguel Ángel Pichetto y otros diputados, y por el diputado Germán Martínez y otros diputados”, tal cual reza en el texto formal de la agenda parlamentaria.

Como se ve, es un amplio espectro político el que pidió la reunión en la Cámara baja, donde el gobierno aún no logra asegurar los votos necesarios para sostener el rechazo total a la ley 27.757, materializado en el decreto 879.

Sin demasiadas sorpresas a esperar dentro de La Libertad Avanza que, se descarta, acompañará el veto, las miradas están puestas en bloques provinciales pero, sobre todo, en el PRO donde el oficialismo encontró aliados para sostener, un mes atrás, el veto a la movilidad jubilatoria.

En ese sentido, el bloque que lidera Cristian Ritondo tiene previsto reunirse este martes a las 18 para establecer qué estrategia tendrá en el recinto, donde un integrante, Álvaro Gonzalez, se desmarcó y ya anticipó que va a insistir con la ley.

Sobre el camino que podría tomar el Ejecutivo si el rechazo queda confirmado por las dos cámaras, es decir, si diputados y Senado insisten con la ley sancionada, ya comenzó a ganar terreno el término “judicialización”.

Lo anticipó la semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni y lo terminó de confirmar en las últimas horas el ministro de Economía Luis Caputo: “Lo vamos a apelar, porque está mal”. “Lo que dice la ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”. “Probablemente lo haremos por la vía de la justicia, o administrativa, siempre en el marco de la ley, si ésta nos da la razón”, avisó el funcionario.