La defensa de Claudio Tórtul apunta contra la investigación interna que impulsó Securitas, base de la acusación por el presunto pago de sobornos a empresas y organismos públicos, entre ellos Enersa. El empresario pidió la nulidad de las actuaciones y la jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó el planteo. Según pudo saber ANÁLISIS, Tórtul apeló y aguarda la decisión de la Cámara Federal de San Martín, que fue la que dispuso su excarcelación.

La investigación sobre las presuntas coimas se originó en 2018 con la denuncia interna de una ex empleada de Securitas que habló sobre un supuesto esquema de sobornos. Securitas impulsó una investigación interna que estuvo a cargo de la empresa Pinkerton que, a su vez, contrató a otras firmas dedicadas a este tipo de tareas.

Con los resultados de esa investigación interna, apoderados de Securitas se presentaron ante la Justicia en febrero de 2020 e hicieron una “autodenuncia”, haciendo uso de una herramienta contemplada en la ley de responsabilidad de personas jurídicas, que coloca a las empresas en posición de alcanzar un acuerdo de colaboración y mejora su situación judicial.

En un escrito de 120 páginas, los defensores de Tórtul, Juan Félix Marteau y Alejandro Bisbal, plantearon sus cuestionamientos contra esa pesquisa. Consideraron  “selectiva y parcial” la investigación que dio origen a la causa y la calificaron como “un punto de partida viciado de ilegalidad”.

“La prueba sobre la que se organizó la imputación fue el resultado directo de una investigación interna consumada por la compañía americana Pinkerton, dependiente del Grupo Securitas, en violación de la Ley de Seguridad Privada de la Provincia de Buenos Aires”, marcaron los letrados en el pedido de nulidad del procedimiento llevado a cabo por la Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez.

Puntualmente, advirtieron que la norma impide que las empresas de seguridad privada realicen prácticas de inteligencia y también señalaron que las obliga a denunciar inmediatamente a las autoridades competentes la posible comisión de delitos de acción pública.

“La investigación interna llevada a cabo por Pinkerton comenzó a mediados de 2018, pero en vez de realizar una denuncia ante la justicia penal informando cuáles eran los posibles autores de irregularidades, pusieron en funcionamiento un programa de gestión de riesgos económicos y reputacionales que les permitiera vender la compañía sin comprometer a los directivos más importantes”, sostuvieron.

También objetaron la toma de entrevistas a empleados y directivos, a las que calificaron de “coercitivas”. Y resaltaron que no se les advirtió a las personas entrevistadas para qué serían usadas las declaraciones.

Además, apuntaron contra la intercepción de correos electrónicos de los investigados “sin que mediara autorización expresa para ello” y manifestaron que “se manipuló la información de modo tal que se forjó la idea de que se había creado una gran organización criminal en el interior de la compañía con total ignorancia de los directivos suecos”.

Cabe recordar que Securitas entregó información a los investigadores privados, que analizaron y entrecruzaron cientos de miles de correos electrónicos y archivos digitales y cerca de 300 cajas de documentación en papel. También realizaron 85 entrevistas empleados y directivos y analizaron 76 computadoras y teléfonos celulares.

Los abogados de Tórtul señalaron que los directivos de Securitas Argentina recién realizaron la denuncia penal contra ciertos directivos y empleados de la compañía en enero de 2020, “con el objetivo de lograr un acuerdo con la Fiscalía de San Isidro que les resultara beneficioso para poder desprenderse del negocio sin costos sustantivos”.

En el caso de Enersa, se señaló que Securitas pagaba sobornos en efectivo a funcionarios públicos para conseguir y mantener las contrataciones del servicio de seguridad.