Los nueve vocales del Superior Tribunal de Justicia fueron convocados por el presidente del Alto Cuerpo, Martín Carbonell, a una Acuerdo Especial para este lunes a las 9:30, donde se analizará si corresponde o no abrir un expediente o sancionar a Emilio Castrillon por su conducta social de los últimos tiempos.

Poco antes de las 2 del domingo 28 de marzo, se produjeron incidentes en un kiosco ubicado en calle Sáenz Peña y Belgrano de La Paz, donde el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Emilio Castrillon, habría ingresado insultando al propietario del comercio y a los empleados y provocando destrozos.

La denuncia policial la hicieron los dueños del kiosco, pero el vocal aclaró que el agredido fue él y por cuatro individuos. Su mujer, Natalia Céparo, manifestó que ellos habían advertido horas antes de la música fuerte que molestaba a todos los vecinos (entre ellos la familia Castrillon, que vive pegado al kiosco), que llegaron a reunirse cerca de 300 personas en las inmediaciones y que después de ignorar los reclamos fue que bajó el vocal del STJ y ante su insistencia, fue golpeado violentamente por cuatro personas. La reacción de Castrillon -según indicó su mujer- fue la que provocó que los dueños del kiosco llamaran a la Policía, pero antes habían golpeado violentamente al vocal, que incluso exhibió luego de manera pública las fotografías de cómo quedó uno de sus brazos.

Por su parte, el fiscal en turno, Facundo Barboza, dispuso que se labre el acta de procedimiento policial y se de intervención a Criminalística y al Médico de Policía para constatar los hechos. Además, los agredidos efectuaron la correspondiente denuncia policial por daños y amenazas, causa comunicada y elevada a la Unidad Fiscal de La Paz.

Paralelamente, la Asociación de la Magistratura y La Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER) emitió un comunicado en el que expresó “su repudio ante los hechos violentos sucedidos en la ciudad de La Paz durante el fin de semana y que involucran al vocal de la Sala N° 2 del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Emilio A. E. Castrillon”.

“Asimismo expresa que quienes ejercen la función judicial -a| igual que cualquier miembro de los poderes públicos del Estado- tienen vedado en toda circunstancia proferir públicamente improperios, insultar, injuriar, discriminar, y valerse de su condición funcional para efectuar reclamaciones informales a la autoridad”, advirtió.

Y subrayó: “La extralimitación y falta de conducta respecto del cargo que se ocupa degrada la función, el respeto y la confianza que el poder judicial debe garantizar a la ciudadanía en un Estado Constitucional de Derecho”.

El documento de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER) habría motivado una contestación privada y particular por parte de Castrillon a las autoridades de esa entidad.

Así, el miércoles pasado dieron a conocer un nuevo documento en donde le piden al máximo órgano judicial de la provincia que se abra una instancia disciplinaria contra el Vocal por configurarse “un claro acto de amedrentamiento pasible de ser considerado acoso laboral”, según el escrito al que accedió ANÁLISIS.

El documento fue firmado por la presidenta de la Asociación, María Gabriela López Arango y fue dirigido al titular del STJ, Martín Carbonell: “Él mismo (por Castrillon) remitió desde su teléfono personal vía WhatsApp mensajes de hostigamiento a dos miembros de la Comisión Directiva de AMFJER -a la suscripta y a la Dra. María Andrea Morales- reprochando el contenido de la declaración pública efectuada por la Comisión Directiva”.

Según lo denunciado por la presidenta de AMFJER, en su caso en particular, Castrillon “le agradeció en tono irónico ‘el odio de la comisión que presido’”, mientras que en el caso de Morales “le endilgó ‘ser la autora de su difamación’”. En esa línea, el escrito presentado a Carbonell, agregó: “Lo que preocupa enormemente a esta comisión, dado el grado de conmoción y violencia que los mensajes ocasionaron a dicha magistrada, no sólo en su condición de mujer, sino por ser la única destinataria de tamaña acusación, máxime cuando la Dra. Morales ocupa interinamente una vocalía de Cámara Civil llamada a concurso por el Consejo de la Magistratura, lo que supone un claro acto de amedrentamiento pasible de ser considerado acoso laboral”.

“Siendo ello así, solicitamos al STJ -que no se ha manifestado aún respecto de este conflicto-, disponga la apertura de una instancia disciplinaria en la que se evalúe la conducta aquí informada”, reclamaron.

En ese marco, fue convocada la reunión de Acuerdo Especial para este lunes a las 9:30 en los Tribunales de Paraná, en la que deberán estar los nueve miembros del Alto Cuerpo incluido el propio Castrillon.