El Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría con las 33 firmas propias y la del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo), en tanto que Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 30 avales.
El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para el proyecto de ley del Ejecutivo que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal, iniciativa que quedó habilitada para su tratamiento en el recinto.
El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.
Tras más de cinco horas de debate, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría con las 33 firmas propias y la del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo), en tanto que Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 30 avales mientras que la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto.
En el inicio de la reunión el interbloque Juntos por el Cambio, a través del diputado Ezequiel Fernández Langan (PRO-Buenos Aires), cuestionó el quórum de la reunión y la metodología de trabajo -con algunos legisladores conectados por la plataforma zoom-, a lo que el oficialista Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) respondió que la reunión era válida porque “así lo establece el reglamento”.
La ronda de exposiciones comenzó con la diputada Vanesa Siley (FdT-Buenos Aires), quien señaló que “este dictamen está atravesado por un fuerte contenido en materia de perspectiva de género, fruto de la reunión que muchas fiscalas tuvieron con el ministro (de Justicia, Martín) Soria.
“La cuestión sobre la designación y las mayorías, a los efectos del nombramiento del Procurador, de pasar de los dos tercios a la mayoría absoluta, se liga con el hecho de que la permanencia en su cargo ya no será más vitalicia, y por eso no se requieren esas mayorías, dispuestas en su momento por ley y no por la Constitución”, detalló Siley.
Por Juntos por el cambio, el vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (UCR-Chubut), fijó la postura de ese espacio: “Vamos a rechazar absolutamente este proyecto que viene del Senado porque lo consideramos abiertamente contrario a la Constitución”.
“Este es un debate que viene desde el inicio de la Nación misma, que es si ubicar al Ministerio Público en la órbita del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, que se disipó en la Reforma Constitucional de 1994 ubicándolo como un órgano con independencia y autonomía, que son las características que desconoce este proyecto”, añadió.
El presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Lopez (CC-CABA), también criticó al oficialismo.
“No sé si tienen los votos y no sé si los van a tener, pero si los llegan a tener van a tener que romper muchas cosas, desde el punto de vista institucional, por ejemplo. Los invito a que sigamos con una legislación de consenso y que pongan a consideración el pliego de (Daniel) Rafecas para la procuración”, señaló López.
El mendocino José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal) salió al cruce de los cuestionamientos por su apoyo a la reforma. “Estamos muy lejos de hacer un cambio por alguna cosa menor. ¿Qué es ser ‘traidor a la Patria’? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe como está?”, se preguntó.
En defensa de su dictamen, Camaño planteó que “no es el momento oportuno para resolver el tema del Ministerio Público Fiscal, y si el Procurador interino (por Eduardo Casal) ha cometido alguna falta existen los mecanismos para reemplazarlo a partir del trabajo de la Comisión Bicameral”.
“No es modificando la ley para una coyuntura como vamos a resolver al tema. Desde el oficialismo terminaron diciendo que Cambiemos quería cambiar a (la ex procuradora, Alejandra) Gils Carbó y ahora dicen que el proyecto es el mismo”, advirtió.
Pese a no formar parte de ninguna de las dos comisiones, el diputado de la izquierda Nicolás del Caño (PTS en el FIT-Buenos Aires) expresó: “Esta propuesta que trae el oficialismo tiene el objetivo muy claro de aumentar el control del gobierno de turno hacia el Procurador General y la Justicia, más teniendo en cuenta que se va a implementar el sistema acusatorio”.
Los encendidos discursos del oficialista Leopoldo Moreau (FdT-Buenos Aires) y de la republicana Silvia Lospenatto (PRO-Buenos Aires) marcaron los minutos más intensos de la reunión, que se vio marcada por comentarios de otros diputados que hablaban fuera de micrófono mientras exponían sus pares, entre los que se hacían notar el oficialista Nicolás Rodríguez Saá (FdT-Buenos Aires) y el macrista Fernando Iglesias (PRO-CABA).
La mayoría de los discursos se realizaron con comentarios de otros legisladores que hablaban fuera de micrófono, entre los que se destacaban los del macrista Fernando Iglesias.
Como titular de la comisión de Justicia, Tailhade le tuvo que llamar la atención al macrista Iglesias porque Moreau, mientras hacía su discurso, dijo “me olvidé algo”, a lo que el diputado del PRO le acotó “la pastilla”, intervención que valió el repudio de la mayoría de los legisladores presentes.
El despacho aprobado en comisión modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir al Procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto presentado originalmente y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador, ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se requerirán cinco votos -que implica los dos tercios- y cuatro votos para el resto de las decisiones.