El congreso de Agmer había considerado la oferta oficial como “insuficiente, distorsiva e inconstitucional” y dispuso la aplicación de cuatro jornadas de paro: el 1º, el 2, el 6 y el 7 de agosto.
Momentos de tensión se viven entre el Poder Ejecutivo y el sector docente luego del desaire a la propuesta salarial que se presentó en la mesa paritaria el lunes 22: un 5% de aumento para julio, igual porcentaje del índice de precios al consumidor que dé a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para agosto, una suma fija de $120 mil, en tres cuotas de $40 mil, y un aumento del piso mínimo salarial docente, de $379 mil a $418 mil.
El congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que se reunió el miércoles en San Salvador consideró esa oferta como «insuficiente, distorsiva e inconstitucional» y dispuso la aplicación de cuatro jornadas de paro: el 1º, el 2, el 6 y el 7 de agosto. La respuesta sindical a la propuesta salarial derivó en la decisión de no pagar ningún componente de la propuesta paritaria, que sí llegará al bolsillo de los estatales por cuanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aceptaron la oferta.
Buscando un acuerdo
«Esto ha ocurrido muchas veces -analizó Guillermo Zampedri, secretario gremial de Agmer-. Ante cada rechazo a una oferta, los gobiernos de turno, a modo de presión, eligen no pagar la propuesta presentada. Es parte del juego. Nosotros entendemos que en algún momento esa pauta se pagará cuando encontremos un acuerdo. Cuando el Gobierno plantee una pauta que esté más cercana a lo que necesita el docente, seguramente se acordará».
En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, el dirigente gremial señaló: «Nosotros planteamos cuatro cuestiones centrales. Primero, que se reconozca el desfase entre inflación y pauta salarial. Es cierto que es difícil ponernos de acuerdo en el número. Nosotros entendemos que hay que discutir ese número, y llegar a un acuerdo. No está en esta oferta eso. EL Gobierno manifestó voluntad política de reconocerlo. Pero luego se esfumó y no estuvo en la oferta. El segundo tema es que toda oferta salarial no puede tener sumas no remunerativas y no puede excluir a los jubilados El tercer planteo que hacemos es que no hay problema que la pauta sea bimestral, el tema es que debe respetar el proceso inflacionario. La propuesta del Gobierno no respeta el proceso inflacionario, claramente la inflación había sido 4,6% en junio, y el Gobierno pone 5% de recomposición, pero aumentar el 3% el aporte jubilatorio. Entonces, queda un poco menos que 2%. En el cuarto punto, sobre lo cual el Gobierno había dado parcial respuesta, tiene que ver con el aumento del salario mínimo inicial del cargo testigo, hoy en $379 mil. Se lo lleva a ese monto a $418 mil. Nosotros entendemos que debe ser elevado un poco más».
Visiones distintas
Zampedri sostuvo que desde Agmer «somos absolutamente respetuosos» de la aceptación a la oferta del Gobierno de parte de UPCN y de ATE. «Nosotros entendemos que debe haber un reconocimiento del desfase y que debe traducirse no en un monto en negro sino en una pauta salarial que se incorpore al salario. También, en una etapa donde se está discutiendo el déficit de la Caja de Jubilaciones, no se pueden proponer montos en negro. Y claro, podemos tener visiones distintas, pero eso no invalida las decisiones de los compañeros. En nuestro caso, resolvimos rechazar la oferta salarial. Y la rechazamos por insuficiente, distorsiva e inconstitucional. En el artículo 82º de la Constitución de Entre Ríos se fija que el Estado no puede pagar salarios en negro».