Autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo, así como del Colegio de la Abogacía, fundamentaron en Asuntos Constitucionales los cambios que se prevé introducir para agilizar los juicios que se realizan ante jurados populares. También se reunieron las comisiones de Seguridad y, en conjunto, de Energía y de Comercio, Industria y Producción.
La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), se reunió este miércoles en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, para comenzar con el tratamiento de modificaciones a la ley de Juicio por Jurados propuestas por el Poder Ejecutivo.
Los cambios apuntan a descongestionar la gran cantidad de causas que esperan para ser tramitadas mediante este instituto y, de esa manera, agilizar los procesos judiciales. Para esto, se prevé que sean juzgados por jurados populares solamente aquellos delitos por los cuales la pena eventual sea superior a los 20 años de prisión.
Del encuentro participaron el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Carubia, y la vocal del mismo organismo, Claudia Mizawak; el defensor general del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez; el procurador general del Ministerio Público Fiscal, Jorge Amílcar Luciano García; el coordinador general de la Secretaría de Justicia de la Provincia, Alejandro Weber, y por el Colegio de la Abogacía: Andrea Belén Saxer, vicepresidente 2º, y María Ariadna Del Porto, titular Instituto de Género.
Luego del encuentro, Weber manifestó: “Desde la Secretaría de Justicia, entendemos que la reforma es necesaria y es oportuna. Porque implica adaptar la normativa provincial a estándares constitucionales y convencionales. En ese sentido, la finalidad es reducir el ámbito de aplicación del sistema de juicio por jurados; no porque el sistema no sea bueno, sino por entender que, con la redacción actual de la ley, son muchísimas las causas que arriban al sistema y poca la capacidad de respuesta para resolver esas causas en tiempo y forma”.
El funcionario precisó que “se genera un cuello de botella, en donde las causas se dilatan muchísimo en el tiempo y eso afecta dos garantías básicas: el acceso a la justicia y el plazo razonable”.
Por otro lado, destacó que el proyecto excluye los delitos contra la integridad sexual y evita así la revictimización o una reexposición de la víctima a una situación traumática, lo cual puede darse principalmente en localidades pequeñas.
Seguridad
En el marco de la comisión de Seguridad, que preside Carola Laner (JxER), los diputados debatieron sobre un proyecto de Érica Vilma Vázquez (JxER) para que sea obligatoria la instalación de cámaras de monitoreo en todas las dependencias habilitadas que presten servicios de atención, alojamiento y cuidado, como jardines maternales, guarderías, geriátricos, hogares de niños y adolescentes. Participaron autoridades del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), encabezadas por su titular, Clarisa Sack.
Además, la comisión trató un proyecto de Jorge Maier (JxER) para crear una red de videovigilancia ciudadana y otro de Roque Fleitas (La Libertad Avanza) para autorizar el uso de armas no letales por parte de la Policía provincial. Como invitados, estuvieron Raúl Avero, asesor legal del Ministerio de Seguridad; Adalberto Raúl Menescardi, director de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos; Juan Zunino, jefe de la División 911, y Leandro Juárez, asesor legal de la Policía.
“Fue una reunión muy satisfactoria, donde cada diputado pudo hacer su aporte y los invitados hicieron sugerencias. El autor de cada proyecto tuvo la posibilidad de defenderlo y de debatir”, indicó Laner.
Energía y Producción
La última reunión de la jornada fue conjunta de las comisiones de Energía y de Comercio, Industria y Producción, que presiden Lenico Aranda (JxER) y Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), respectivamente. En este caso, los legisladores trabajaron en una propuesta de Bahillo que define un marco legal para la promoción y el desarrollo de la producción, autoconsumo y comercialización de biocombustibles y bioenergía. Participaron integrantes de la Cámara de Biopyme de Entre Ríos (Cabioper).
“El proyecto busca desarrollar todo un marco normativo para generar distintas acciones y políticas de promoción que alienten la inversión y el desarrollo de las biopymes que agregan valor, fundamentalmente, al poroto de soja”, dijo el diputado Bahillo.
Agregó que “hay en Entre Ríos alrededor de 25 biopymes y un quinto de lo que se obtiene de soja en la provincia se procesa en estas plantas, que deriva en distintos productos, tanto para consumo animal como para consumo humano o para biocombustible”.