El pasado jueves 22 de agosto, una vez conocida la medida judicial que suspendía los paros anunciados por AGMER, se produjo en nuestra provincia un hecho sin precedentes y que ya es de público conocimiento: miles de familias entrerrianas se solidarizaron con esta lucha digna y anunciaron que no enviarían a sus hijos e hijas a la escuela en apoyo al reclamo de sus docentes, el cual entendían tan justo como urgente. Al día siguiente se desarrollaron en todas las ciudades entrerrianas masivas concentraciones y marchas de trabajadores de la educación, con el detalle de que las mismas contaron con el acompañamiento de toda la comunidad, en una clara muestra de empatía y compromiso con la educación pública.
Lejos de interpretar la contundencia del mensaje expresado en tan impresionante ejemplo de unidad y solidaridad, el gobernador Frigerio recrudece ahora su posición y en esta oportunidad lo hace a través de una operación mediática para buscar desacreditar nuestra lucha. Este domingo empezó a circular en varios medios de alcance provincial un texto elaborado desde el propio gobierno y multiplicado deliberadamente con miras a confundir y engañar a la población.
Se pretende influir sobre la percepción del conflicto por medio de datos sesgados, cuidadosa y tendenciosamente seleccionados para dar a conocer una muestra que no es representativa de la realidad. Hoy una maestra de grado que recién se inicia percibe un salario de $450.000, monto que se mantiene inalterable incluso para el mismo cargo hasta los 14 años de antigüedad, dado que el salario inicial es considerablemente menor, actualmente por debajo de los $300.000, cubriendo la diferencia con un adicional para mínimo que se va perdiendo a medida que se incrementan los años en la docencia.
Esta cifra intenta luego ser maquillada con un bono en negro, que según lo dicho por el propio gobierno no forma parte del salario ni tampoco es permanente. A su vez, esta suma inconstitucional no está sujeta a descuentos y por ende desfinancia la Caja de Jubilaciones y Pensiones y la Obra Social, negando la supuesta preocupación del gobernador por lo que señalan como un déficit del sistema previsional.
Pero no nos enfocamos únicamente en los salarios iniciales, con valores cercanos a la línea de indigencia. Un cargo de rector de escuela secundaria con 20 años de antigüedad, casi una vida de trabajo dedicada a la educación pública, es remunerado hoy con $859.378, quedando en agosto por debajo de la línea de pobreza de julio. De hecho, la mayoría de los cargos, incluso aquellos jerárquicos con mayor responsabilidad en las escuelas, no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total.
A lo anterior debemos agregar que se sigue incumpliendo lo acordado en el ámbito paritario respecto de abonar la diferencia entre la pauta salarial y la inflación acumulada del primer semestre, que ni siquiera es la totalidad de la pérdida salarial que han sufrido miles de docentes. Solamente considerando la relación con el incremento del costo de vida, en el último año hemos perdido un 30% de nuestros ingresos frente a la inflación, tarea que comenzó el gobierno anterior y que el actual ha continuado y acelerado.
Todo esto que señalamos se reduce a lo estrictamente salarial, que es la columna vertebral del conflicto, pero en absoluto podemos desconocer u obviar el desfinanciamiento educativo, la paralización de obras de infraestructura imprescindibles, la eliminación de programas escolares y de formación docente, entre otras tantas demandas. El gobierno de nuestra provincia, en clara consonancia y complicidad con el gobierno nacional, ya dejó en claro que considera a las escuelas como guarderías y que su única preocupación son días de clases. Las y los docentes que luchamos lo hacemos también por escuelas en condiciones para que miles y miles de gurises no sólo estén adentro de ellas, sino que aprendan bien ante los desafíos pedagógicos que la realidad actual demanda.
Desde hace semanas cientos de compañeras y compañeros docentes han hecho públicos sus recibos de haberes, con datos crudos e irrefutables que permiten desmentir de manera rotunda la operación del gobierno. Invitamos a los medios de comunicación a hacerse eco de la información fidedigna ya conocida por la comunidad que expresó su apoyo a nuestra lucha, sabemos que el periodismo tiene un compromiso ético con la verdad y una responsabilidad histórica con la circulación de la información, es por eso que apelamos a estos principios para contestar la grosera jugada de nuestro patrón, la cual en ocasiones se expresa de manera directa por medio de la prensa oficial y en ciertos casos a través de presuntos grupos de padres organizados sin representatividad y con motivaciones más políticas que educativas.
AGMER Seccional Uruguay